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—Constitución Española. Artículo 9.2: «Corresponde
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social».
— Constitución Española. Artículo 14:
"Los españoles
son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o
cualquier
otra condición o circunstancia personal o social".
— Constitución Española. Artículo 35.1: «Todos los españoles
tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección
de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo
y
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación
por razón de sexo».
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
(B.O.E.
29-3-95), por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores:
Artículo: 45.1 d): «El contrato de trabajo podrá
suspenderse por las siguientes razones:... maternidad de la mujer trabajadora
y adopción o acogimiento de menores de cinco años».
Artículo 46.3: «Excedencias... el periodo en el que el
traba-
jador permanezca en situación de excedencia conforme a
lo establecido en este artículo será computable a
efectos de
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia
a
cursos de formación profesional, a cuya participación
debe-
rá ser convocado por el empresario, especialmente con oca-
sión de su reincorporación. Durante el primer año
tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido
dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto de tra-
bajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente».
Disposición adicional decimocuarta: «Los contratos de
inte-
rinidad
que se celebren para sustituir al trabajador que esté en la
situación
de excedencia a que se refiere el artículo 46.3 de esta ley,
tendrán
derecho a una reducción en las cotizaciones empresariales a
la
Seguridad Social por contingencias comunes en las cuantías que
se
especifican a continuación, cuando dichos contratos se celebren
con
beneficiarios de prestaciones por desempleo, de nivel contribu-
tivo
o asistencial, que lleven más de un año como perceptores:
a) 95% durante el primer año de excedencia del
trabajador que se sustituye.
b) 60% durante el segundo año de excedencia del
trabajador que se sustituye.
c) 50% durante el tercer año de excedencia del
trabajador que se sustituye.
Los citados beneficios no serán de aplicación a las
contra-
taciones
que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y
demás
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo
grado
inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de
dirección
o sean miembros de los órganos de administración de
las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y las que
se
produzcan con estos últimos.
Las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido
en
esta disposición se regirán por lo dispuesto en el artículo 1.5.1 .c) de esta ley y sus normas de desarrollo».
— Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril de
1995,
(B.O.E. 11 -4-95), por el que se aprueba el texto refundido
de
la Ley de Procedimiento Laboral.
— Real Decreto 4/95, de 13 de enero (B.O.E. 1-2-95),
por
el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que
se
regulan las empresas de trabajo temporal.
—Orden Ministerial de 18 de enero de 1995 (B.O.E. 31-
1
-95), por la que se amplía para el año 1995 el plazo de
solicitud
establecido
en el artículo 6 de la de 1 3 de abril de 1994, por la
que
se regula la concesión de subvenciones por el Instituto Nacio-
nal
de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos
de la
administración
del Estado y sus organismos autónomos, comuni-
dades
autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de
lucro,
que contraten trabajadores desempleados para la realiza-
ción
de obras y servicios de interés general y social.
— Ley 4/95, de 23 de marzo (B.O.E. 24-3-95), de regula-
ción
del permiso parental y por maternidad.
— Orden Ministerial de 27 de marzo de 1995 (B.O.E. 30-
3-95),
por la que se amplían los plazos establecidos en la de 2 de
marzo
de 1994, sobre las bases para la concesión de subvencio-
nes
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colabora-
ción
con las Corporaciones Locales, para la contratación de traba-
jadores
desempleados en la realización de obras y servicios de
interés
general y social.
— Real Decreto 735/1995, de 8 de mayo (B.O.E. 8-5-95),
por
el que se regulan las agencias de colocación sin fines lucrati-
vos
y servicios integrados para el empleo.
— Orden de 10 de octubre de 1995 por la que se regulan, en
desarrollo
del título II del Real Decreto 735/, de 5 de mayo, sobre
agencias
de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados
para el empleo, los planes de servicios integrados y los
convenios con
las entidades asociadas a los servicios integrados para el
empleo.
— Resolución de 5 de diciembre de 1995, del Instituto
Nacional de Empleo, por las que se especifican las necesidades
del INEM en relación con las acciones contempladas en las
letras c), d), e), f), i) de la letra B) del artículo 5 de la orden de 10 de octubre
de 1995, por la que se regulan, en desarrollo del título
II del
— Ley 42/1994, 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.
— Ley de infracciones y sanciones en el orden social
(Ley
8/1 988 y Ley 11/1994).
— Ley 42/1994 por la que se modifica el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994.
— Real Derecto-Ley 8/1997, de 16 de mayo de medidas
urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida. En el cual se comtempla a las
mujeres
desempleadas
de larga duración contratadas en profesiones u ofi-
cios
en los que se encuentran subrepresentadas, con objeto de
concederles
una bonificación del 60% en la cuota empresarial a la
Seguridad
Social por contingencias comunes, durante los dos pri-
meros
años de contrato.
No obstante la normativa descrita, existen muchas
medi-
das
de acción positiva adoptadas en España, de conformidad con
el
artículo 9.2 de la Constitución española. Entre las
más recientes
relacionadas
con la legislación encontramos las siguientes:
La Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes
sobre
el fomento del empleo y la prestación por desempleo, esta-
blece
un programa público de fomento a la contratación indefini-
da,
fomentándose con una subvención de 500.000 pesetas la con-
tratación
de mujeres en aquellas profesiones en las que se
encuentren
subrepresentadas.
La Orden Ministerial de 6 de agosto de 1992 recoge las pro-
fesiones
en las que se considera que la mujer está subrepresentada.
En la disposición adicional sexta de la ley 10/1994, de 19
de
mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación, se
mantiene
la anterior subvención en favor de la contratación feme-
nina
en profesiones en las que las mujeres se encuentran subre-
presentadas.
(B.O.E. 23-5-1994).
Mediante el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, regu-
lador
del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, se
establece
que tendrán preferencia a participar en las acciones del
plan
los desempleados con especiales dificultades para su inser-
ción
o reinserción laboral, en especial mujeres que quieran reinte-
grarse
a la vida activa, minusválidos e inmigrantes.
En cumplimiento del II Plan para la Igualdad de Oportuni-
dades
de las Mujeres, de acuerdo con su objetivo 3.8, se promulga
la
orden de 29 de julio de 1994 con el fin de fomentar las acciones
positivas
dentro de las empresas, a través de diversas actuaciones,
entre
las que se encuentra el diseño y aplicación de un programa
experimental
de acciones positivas en las empresas públicas por
el
cual se ofertan becas de prácticas en las empresas del Grupo
IWENEO.
Por orden del 25 de mayo de 1995 se regula la concesión
de
subvenciones destinadas a la realización de actividades rela-
cionadas
con la promoción y desarrollo de acciones positivas en
el
ámbito de la universidad, que fomenten el principio de igual-
dad
de oportunidades de las mujeres, de conformidad con los cri-
terios
de publicidad y concurrencia.
Desde 1990 se viene suscribiendo un convenio de cola-
boración
entre el Instituto de la Mujer/Ministerio de Trabajo y
Asuntos
Sociales y el Ministerio de Educación para la convocato-
ria
anual de un curso destinado a estimular la participación de
profesoras
en las nuevas tecnologías.
Estos no son más que algunos ejemplos. Las materias rela-
cionadas
con el derecho laboral y de Seguridad Social rápidamen-
te
se hacen eco del principio de igualdad de trato. La igualdad de
oportunidades
de los hombres y mujeres pasa necesariamente por
la
igualdad en el mercado de trabajo.
En España, la política de acciones positivas ha
contribuido
a
mejorar la situación socio-laboral de las mujeres, permitiendo
que
en
un periodo corto de tiempo podamos constatar los adelantos que
han
supuesto. Hay que seguir trabajando en esta línea y en la con-
solidación
de una política de coordinación horizontal, para promo-
ver
programas y actuaciones que favorezcan la igualdad de trato de
las
mujeres desde diferentes organismos de la administración. |
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